Shurtleff explicó que su investigación se concentrará en interrogar a las mujeres
El procurador general de justicia de Utah, Mark Shurtleff, anunció una investigación criminal de los sospechosos de compilar y distribuir una lista con información privada de 1.300 inmigrantes hispanos.
En rueda de prensa el miércoles por la noche, Shurtleff dijo que próximamente podrían presentarse cargos estatales y federales en contra de los dos ex empleados del Departamento de Servicios Laborales sospechosos de ser los principales responsables en la preparación del documento anónimo enviado a los medios y a las agencias de seguridad el pasado 12 de julio.
El Departamento de Servicios Laborales de Utah, con 1.400 empleados, está a cargo de la administración de los servicios de desempleo, Medicaid, seguro de salud para niños y estampillas de comida.
Shurtleff explicó que su oficina se hizo cargo del caso tras recibir un reporte el Departamento de Servicios Laborales en el que se detalla la investigación interna pedida por el gobernador Gary Herbert.
Esas averiguaciones iniciales determinaron que durante varios meses dos mujeres copiaron información de la base de datos estatal de beneficios públicos. El trabajo se realizó "de manera individual y manual".
"Vamos a tomar lo que nos dieron y seguir las pistas hacia donde nos dirijan. Pero tenemos en mente el potencial de cargos criminales", declaró el procurador.
Shurtleff explicó que su investigación se concentrará en interrogar a las mujeres (ambas ya despedidas de sus puestos) para determinar sus conexiones sociales y afiliaciones políticas y decidir entonces si actuaron con intenciones criminales.
El reporte del Departamento de Servicios Laborales revela que las dos mujeres (cuyas identidades no se revelaron) tienen "fuertes opiniones" con respecto a la inmigración de personas indocumentadas.
La semana pasada el gobernador Herbert declaró que, en su opinión, la difusión de la lista sería un delito estatal, el de hacer pública información protegida, que podría recibir una pena de hasta seis meses en prisión y multas de hasta 1.000 dólares.
Shurtleff confirmó que ya existen conversaciones con la oficina del fiscal federal en Utah, a quien se le pidió que revise la evidencia para determinar si se presentarán cargos criminales federales en contra de las dos mujeres implicadas
