Estos fiscales replicaron que la demanda presentada por los grupos civiles se basa tan sólo en "conjeturas" y pidieron que no se evite que la medida entre en vigor.
Phoenix (EE.UU.), ).- Dos audiencias celebradas hoy en Phoenix sobre la ley de Arizona sobre Inmigración concluyeron sin que la jueza encargada del caso, Susan Bolton, emitiera dictámenes acerca de si la medida debe entrar en vigor o no.
Durante la mañana, en la primera audiencia, Bolton indicó que en cualquier caso sólo consideraría el bloqueo de partes de la medida, no de la ley en su totalidad como le exigen algunos de los demandantes.
Durante la audiencia, que duró más de dos horas, la jueza interrogó a los abogados demandantes sobre qué derecho tiene un tribunal federal para impedir a Arizona que sus policías cumplan con las leyes migratorias del estado.
Y a los fiscales del estado de Arizona, la jueza preguntó cuál es la autorización que el Gobierno Federal ha dado a los estados para aplicar leyes de inmigración.
Estos fiscales replicaron que la demanda presentada por los grupos civiles se basa tan sólo en "conjeturas" y pidieron que no se evite que la medida entre en vigor.
La ley estatal SB1070 es la primera que convierte en delito el ser inmigrante indocumentado en Estados Unidos.
Ante una sala repleta, la jueza dio a entender que existen ciertas partes de la SB1070 que podrían aplicarse y otras que son anticonstitucionales, pero no especificó cuáles.
Bolton también preguntó sobre el adiestramiento que recibirán los departamentos de Policía en Arizona para la aplicación de la ley, que está previsto que entre en vigor el próximo 29 de julio.
La segunda audiencia, celebrada esta tarde, se centraba en determinar si la competencia federal para establecer una política de inmigración sobre todo el país se impone sobre las medidas que puedan adoptar los estados a título individual.
En esta segunda audiencia estuvo presente la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien promulgó la ley el pasado abril.
Washington defiende que la política migratoria es competencia exclusiva del Gobierno federal y, por tanto, las legislaciones locales o estatales no pueden prevalecer sobre los códigos federales y, por supuesto, sobre la Constitución.
Al presentar la demanda, el Gobierno solicitó suspender de forma preliminar su entrada en vigor, prevista para el próximo jueves, hasta que se terminen los trámites judiciales. Consideró que su entrada en vigor puede causar daños irreparables.
La demanda gubernamental se suma a otra media docena de acciones legales ya presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que intentan acabar con una ley que ha vuelto a colocar el tema migratorio en el centro del debate político en el país.
El argumento principal usado por el Departamento de Justicia es que la norma viola la Constitución estadounidense pues con ella Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.
"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un batiburrillo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país", afirma la demanda.
El Gobierno alertó que la ley resultará en el "acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan demostrar inmediatamente su situación legal".
Además, le obligará a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la Policía de Arizona bajo sospecha de estar indocumentadas, argumentó.
La ley de Arizona en cuestión convierte en delito menor en Arizona la presencia de una persona en Estados Unidos sin un permiso legal, lo que autoriza a la Policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.
El presidente de EE.UU., Barack Obama ha dicho que la ley está "mal concebida" y ha alertado que puede dar lugar a discriminación contra los inmigrantes, argumentos que coinciden con los de los grupos de defensa de los derechos civiles.
Mientras en la Corte Federal se debatía el futuro de la SB1070, en el exterior docenas de personas se manifestaban a favor o en contra de la polémica medida.
Los opositores a la SB1070 vestían de blanco y portaban palomas blancas de papel, en señal de paz, y pancartas en las que rechazaban la discriminación y el racismo en Arizona.
